“Personas con discapacidad severa tendrán una pensión”

Martes, 2 de julio de 2013. Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria

 

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JHON REYNAGA. TITULAR DE COMISIÓN DE INCLUSIÓN SOCIAL DEL CONGRESO

Nancy Miller. nmiller@editoraperu.com.pe

Los peruanos que sufran de impedimento físico severo y no puedan –por esa causa– estudiar o trabajar, recibirán una pensión no contributiva del Estado. Ese es uno de los aportes de la Ley General de la Personas con Discapacidad, cuyo reglamento se publicará este mes, dijo el legislador Jhon Reynaga Soto.

Cuando en diciembre de 2012 se promulgó la Ley General de las Personas con Discapacidad, varios especialistas y empresarios centraron el debate en la cuota que contempla esa disposición para la contratación de peruanos que  presentan algún tipo de impedimento físico.

Sin embargo, la norma –cuyo reglamento será publicado en julio– va más allá del ámbito laboral y contempla una serie de medidas reivindicativas, entre las que se incluye el otorgamiento de una pensión no contributiva para las personas con discapacidad severa, dijo al Diario Oficial El Peruano, el presidente de la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad del Congreso, Jhon Reynaga Soto.

¿Cómo país, hemos avanzado en la protección de los derechos de las personas con discapacidad?

–Definitivamente. Se ha promulgado una ley general después de doce años de existir una primera norma (la Ley  27050) que era muy asistencialista y había cumplido su vida útil sin ser atendida por los municipios y demás entidades públicas.

¿Diría que la nueva ley inaugura una etapa más justa para las personas con discapacidad?

–Así es, con esta ley –que fue promulgada el 24 de diciembre del año pasado– se inicia una nueva era para la población nacional con discapacidad, que en promedio está conformada por 3 millones de peruanos.

¿Por qué?

–Porque contempla una serie de disposiciones muy importantes. Por ejemplo, establece una pensión no contributiva para las personas con discapacidad severa, que son aquellas que padecen de impedimentos múltiples –por ejemplo quien padece de sordera, ceguera y son mudos al mismo tiempo– que no les permiten  realizar una actividad laboral o estudiar.

¿Cuándo se otorgará esa pensión?

–La fecha para publicar el reglamento a la Ley General de las Personas con Discapacidad venció el 20 de junio.  El viceministro de Poblaciones Vulnerables del Mimp, Julio Rojas Julca, ha pedido una ampliación del plazo que vencerá este 18 de julio.

Allí se van a establecer los  requisitos que deben tener las personas que van a acceder  a esta ayuda económica.

¿Qué sucede con el tema de la evaluación médica para determinar los diferentes grados de la discapacidad?

–Con la nueva ley –sea para el tema laboral o para acceder a los programas sociales de vivienda, salud y becas de estudio– se determina que estas personas deben tener al menos el 33% de todo su cuerpo con discapacidad.

Esto se va a certificar con un estudio clínico del Instituto Nacional de Rehabilitación, y cualquier médico, a la hora que evalúe a un paciente con discapacidad, deberá basarse en parámetros similares.

¿La evaluacion será más precisa?

–Correcto. Entonces serán las personas realmente excluidas, aquellas que tienen el 33% de su cuerpo con discapacidad, quienes van a acceder a todos los beneficios que contempla la ley.

Vigilarán las construcciones

Jhon Reynaga Soto dijo que la Ley General de las Personas con Discapacidad dispone la creación de una Dirección Nacional de Accesibilidad que dependerá del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

Dicha entidad –que será el ente rector en el tema de edificaciones– vigilará que todas las construcciones sean accesibles para las personas con diferentes impedimentos físicos.

Con ello se certificará que  los edificios y establecimientos tengan baños con las dimensiones necesarias para facilitar el acceso a estos peruanos; o que las puertas de ingreso a los ambientes tengan el ancho indispensable de tal manera que se permita la entrada de personas en sillas de ruedas.

De igual manera, se vigilará que los ascensores cuenten con señales en braille; y que todas las edificaciones  tengan rampas, precisó el parlamentario.

Otras acciones

La disposición legal que fue promulgada a finales del año pasado, otorga un plazo de dos años a las empresas del país para que capaciten a personas con discapacidad que van a incorporar a sus planillas. El congresista Jhon Reynaga sostuvo que en la actualidad muchas empresas prefieren contratar a estas personas porque reconocen su dedicación.

Con la nueva ley se  obliga al sistema de transportes para que de una manera gradual cambien sus plataformas a una hidráulica, de tal manera que se facilite el transporte de personas en sillas de ruedas.