El Gobierno implacable con los dependientes: hará revisar el millón de expedientes ya reconocidos

El PP primero paralizó nuevos reconocimientos, luego quitó prestaciones y rebajó las que quedaron

• A.R. | 04/07/2013

1

123451 voto

  

 

ImprimirEnviar a un amigo

Sin miramientos. El Gobierno del PP continúa con el hachazo a la Ley de Dependencia y, si nada más llegar al Gobierno ordenó que se bloquearan las declaraciones de nuevos dependientes, de tal modo que solo se dan a los grandes dependientes y con mucho retraso, rebajó el Presupuesto a la mitad lo que supuso que a la mitad de los dependientes directamente se les quitaran las ayudas económicas y al resto se les rebajaran a la mitad o más, y se eliminó la cotización a Seguridad Social de las mujeres que cuidaban de sus familiares dependientes. Ahora las trabas serán administrativas porque, con la excusa de poner orden en el registro informático, el Ministerio de Sanidad presentará este jueves a las Comunidades Autónomas un borrador de una orden ministerial para evitar pagos a las autonomías por personas fallecidas o duplicadas.

215.000 dependientes reconocidos sin prestación
Hay casi 215.000 personas con derecho a prestaciones por dependencia con sus expedientes atascados, perdidos en un limbo administrativo y en muchos casos con más de dos años esperando. Muchos familiares de dependientes de avanzada edad denuncian que la administración no da respuesta porque espera a que fallezcan, algo que obviamente desmienten tanto Comunidades Autónomas como el Ministerio. El caso es que el Gobierno del PP no va a adoptar medida alguna para agilizar esos expedientes, al contrario las medidas que va a aprobar suponen revisar uno a uno los casos del casi millón de personas ya valoradas y con la prestación concedida.

Las comunidades temen más retrasos
El Imserso, dependiente del Ministerio de Sanidad, es el encargado de supervisar la Dependencia, y con el argumento de unas irregularidades detectadas por el Tribunal de Cuentas, la ministra Ana Mato va a poner en marcha un nuevo banco de datos informático y un sistema de control que obligará a las autonomías a revisar uno a uno cada expediente. Se exigirán 59 datos de aspectos generales y 45 datos económicos de cada dependiente, lo que implicará elaborar desde cero el casi millón de fichas y exigir nueva información y papeleo a los beneficiarios.

Además del nuevo banco de datos, para que el Ministerio da un plazo de un año a las comunidades, el Gobierno quiere que mensualmente y antes del día 25 , un alto cargo autonómico de rango de director general para arriba, deberá certificar la veracidad de los datos incorporados al sistema informático y que deben reflejar altas, bajas, revisiones y modificaciones. Si la Comunidad no certifica esos datos antes del 25 de cada mes, el Estado central no pagará. No acaban aquí los controles administrativos, una vez al año y antes del 30 de abril, los gobiernos autonómicos deberán certificar ante el Ministerio en que se han gastado el dinero transferido por el Gobierno central para financiar la Dependencia.