Uno de cada tres afectados sigue sin ayudas tras 10 años de Ley de Dependencia

| Publicado: 15/12/2016 08:57

Susana Ye *

Imagen de archivo de una manifestación en Valencia a favor de la Ley de Dependencia y en contra de los recortes. / Efe

La Ley de Dependencia cumplió ayer, 14 de diciembre, 10 años. Impulsada por el PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero, buscaba universalizar la asistencia a dependientes. Era el cuarto pilar del Estado de Bienestar, un ejemplo de consenso político y social. Sin embargo, la infrafinanciación en las comunidades autónomas y los posteriores recortes de Mariano Rajoydejan, a cierre de 2015, a un tercio de beneficiarios en lista de espera y a más de 125.000 fallecidos en cuatro años que nunca recibieron ayudas, según el último informe del Observatorio Estatal de Dependencia.

Mari Carmen tiene 61 años y se hace cargo desde 2010 de su padre (89) y de su madre (85). “Ella apenas puede moverse: está obesa. Depende de mí para todo”, cuenta agobiada. En 2013, esta barcelonesa pidió la ayuda de Dependencia para sus progenitores y le concedieron sólo una: 255 euros por un grado II –aquellos que necesitan asistencia de dos a tres veces al día y situados a un paso de quienes requieren atención completa–. El pasado verano, su padre estuvo ingresado 38 días y sufrió demencia senil y está a la espera de que vuelvan a evaluarle. “Ahora está mucho mejor pero es imprevisible”, comenta al otro lado del teléfono.

Los familiares que cuidan de los dependientes podían cotizar, según recogía el texto legal original. Sin embargo, esta opción la tumbó el Real Decreto 20/2012 del PP. En el caso de Mari Carmen, que llegó a cotizar un año y que aún hoy no ha cobrado los atrasos. “La cotización dignifica el trabajo de las asistentes. Si no, mañana no tendrán pensión contributiva y eso es intolerable”, apunta a cuartopoder.es Amparo Valcarce, secretaria de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad en 2006. “El 93% de cuidadores somos mujeres que renunciamos a nuestros puestos y que jamás podremos volver”, argumenta Aurelia Jerez, presidenta de la Coordinadora Estatal de Plataformas en Defensa de la Ley de Dependencia.

Aurelia Jerez, a la izquierda de la imagen. / Coordinadora Estatal de Plataformas en Defensa de la Ley de Dependencia.

Mari Carmen confiesa que hace alguna faena para sacar un ingreso extra. “Por su grado de dependencia, a mi madre le corresponde asistencia en casa dos o tres horas a la semana, pero me quitarían la prestación”. Y explica: “Aparte de lo recetado para ella, en otros medicamentos el gasto mínimo son 100 euros al mes”. Hace cuatro años, el PP aprobó incompatibilizar las ayudas que antes eran complementarias, como habilitar una vivienda accesible y percibir una prestación. El hogar de estos barceloneses se ha transformado y también su rutina. Su marido y ella cedieron el dormitorio, donde cabe una cama articulada. Para ellos, una residencia pública es casi imposible. “Cuatro años de espera. Ya van dos, pero no sé si llegará. Y una privada aquí, en Cataluña, son de 2.800 a 3.000 euros al mes”.

La financiación y el copago, puntos candentes

En 2012, cesó la financiación del llamado Nivel Acordado y se rebajó en un 13% la aportación estatal a las Comunidades Autónomas. “Hemos pedido una proposición no de ley en la Comisión de Sanidad para darle la vuelta a todo esto”, afirma Marisol Pérez Domínguez, que fue ponente socialista de la Ley de Dependencia. Pérez recalca que pedirán una subcomisión en el Congreso para revisar la normativa, así como una Comisión de CCAA en el Senado para mejorar la financiación. “Hace falta un plan de recuperación y meter dinero ya”, concluye.

Casos como el de Jerez ejemplifican en qué medida afectaron los recortes, que quedaban a manos de cada Comunidad Autónoma. La madre de Alberto, de nueve años y evaluado con una discapacidad del 85% -gran dependiente-, obtuvo una ayuda de cuidados en el entorno familiar de 520 euros. “Se quedaban en 442 euros cotizando y luego, con Cospedal, en 387 euros”. Aurelia luchó por la prestación de su hijo, con síndrome de Edwards –solo hay 14 casos en España– al darse cuenta de que su expediente era anterior al recorte impuesto en Castilla-La Mancha en 2013 y, por tanto, no le afectaba. “Presenté alegaciones y dos años después, gané”, narra.

Lorena Pastor./ L.P.

Marisol asegura que las comunidades del PP pusieron trabas a la Ley. “Hubo una clara deslealtad”, valora. A pesar de lograr un primer acuerdo de fuerzas progresistas, del que finalmente se descolgaron Convergencia y PNV, los ‘populares’ no cedieron hasta después de esa primera suma política. “Entendieron que no se podían quedar fuera aunque no fuera su modelo”, recuerda la socialista, que califica los años de gestión de Rajoy como un desastre.

Otro dilema es el copago: los usuarios cargan con el 20% del gasto directo del sistema y llegan incluso a asumir más que el Estado en algunas Comunidades Autónomas. “El Estado da el 18% y las autonomías un 62%”, detalla José Manuel Ramírez, presidente del Observatorio Estatal de Dependencia. Así, Lorena Pastor, madrileña de 25 años y nacida con espina bífida, contará con 300 euros para pagar los 3.000 de su nueva silla de ruedas. Con un 76% de discapacidad, su madre dispone de 153 euros al mes en calidad de cuidadora familiar. “Son las rentas medias-bajas las más afectadas”, afirma Ana Lima, presidenta del Consejo General del Trabajo Social en España (CGTS).

El reto de pactar

En España hay más de 1,2 millones de beneficiarios, 355.500 de ellos sin prestaciones, según los últimos datos oficiales del IMSERSO publicados el pasado octubre. 2015 incrementó por primera vez en muchos años el número de atendidos, según el Observatorio Estatal de Dependencia. Esto se debe a la incorporación tardía de los dependientes moderados –debería haberse producido ocho años antes– muchos de los cuales ya estaban en centros de día o contaban con ayuda a domicilio. ¿La diferencia? Trasladar sus casos a grado I. “Para resolver los problemas necesitamos 4.000 millones de euros más distribuidos en tres ejercicios presupuestarios”, apunta Valcarce.

En las pasadas elecciones de junio, Podemos apostó por retornar al nivel de financiación anterior a los recortes y en atender con urgencia a los beneficiarios en lista de espera. Izquierda Unida propuso contratar a 20.000 personas para cumplir la ley y el Partido Popular dejó abierto un posible pacto de Estado. Ciudadanos quiso poner el foco en blindar el texto en la Constitución, reducir los plazos de acceso y centralizar el sistema para unificar criterios. Por el momento, el Gobierno y los socialistas han dado un paso más para acordar los Presupuestos de 2017, uno de los puntos clave para saber qué le depara a la Ley de Dependencia.