10 años de la Ley de Dependencia: en el banco de la paciencia

Se trata de una norma que nació como el cuarto pilar del estado del bienestar, pero que ha sufrido recortes por el camino

Pino Alberola 27.11.2016 | 10:40

Protesta de dependientes en 2013, un año negro para la ley.AXEL álvarez

• Fotos de la noticia

El Consell anuncia ahora una reforma de la legislación para convertirlo, promete, en uno de los sistemas más pioneros de España.

Nació como el cuarto pilar del estado del bienestar. Diez años después, sin embargo, la Ley de Dependencia sigue sin despegar, minada por los recortes económicos, la falta de financiación desde Madrid y las diferencias de color político entre el PSOE, partido que la puso en marcha, y el PP, que ha gobernado la Comunidad hasta hace un año y que continúa al frente del Gobierno de España.

Historias como la de Laura o J. A., que acompañan este reportaje, son el claro ejemplo de hasta qué punto la ley es para muchos dependientes sinónimo de largas esperas. En la provincia de Alicante, cerca de 10.500 aguardan o bien a ser valorados o a recibir alguna de las prestaciones o recursos que contempla la norma. Sólo en la ciudad de Alicante hay 1.476 expedientes por resolver.

El cambio de gobierno autonómico hace año y medio ha supuesto, a juicio de sindicatos y plataformas, destacados avances. Sin embargo, a su juicio, los mayores males del sistema siguen sin haber sido corregidos. «Faltan recursos económicos, tanto para las prestaciones como para que haya el suficiente número de personas sacando adelante los expedientes», cree Isabel Vicent, del sindicato UGT para quien en sí la ley ha sido buena. «Esta norma supuso el reconocimiento de la dependencia como un derecho universal, como la sanidad o la educación».

Con el objetivo de terminar con este tapón de solicitudes, una de las primeras medidas que tomó la Conselleria de Igualdad fue la de destinar a los trabajadores sociales de los ayuntamientos a que valoraran a los dependientes. «Ha sido un fallo», cree Vicent. «Se desmontaron los equipos que había haciendo valoraciones hasta el momento y se trasladó esta responsabilidad a los ayuntamiento, que aún no estaban preparados».

De la misma manera opinan profesionales como la trabajadora social Virginia Tovar. «Vamos saturadas, desbordadas. Les dijimos que no estábamos en condiciones de asumirlo. Desde luego que era una demanda y lo pedíamos, pero no de esta manera. Nos lo han tirado en la cara». Pese a las críticas, la Conselleria de Igualdad da por bueno este plan, que comenzó como prueba piloto en Alicante y que un informe del Síndic cuestiona, y prevé ampliarlo en enero a Castellón y Valencia. El departamento de Mónica Oltra reconoce que la lista de espera es uno de los grandes caballos de batalla y se da dos años para poner el contador a cero, al tiempo que enumera los logros alcanzados este año y medio. Los más importantes, la eliminación del copago en centros de atención diurna y el pago único de la retroactividad. Desde la Conselleria de Igualdad también señalan que se han revisado cerca de 10.000 expedientes de dependientes para aumentarles las cuantías de las prestaciones, se han puesto al día con el abono de las nóminas y se ha aumentado el dinero que les queda a mayores y discapacitados en las residencias para hacer frente a sus gastos, entre otros avances.

La secretaria autonómica, Sandra Casas, señala además que el Consell está ultimando una nueva normativa de la dependencia que se presentará en pocos días y que traerá importantes cambios, al tiempo que promete acabar con la lista de espera para acceder a una residencia mejorando la denominada prestación vinculada al servicio. Para Ana Tartajada, responsable de la Secretaría de Política Social de CC OO País Valenciano, «se ha mejorado mucho en los últimos años, pero aún falta por avanzar, teniendo en cuenta que una persona que hoy solicite acogerse a la ley no recibirá el servicio o prestación hasta 2018, cuando la ley dice que no deben ser más de seis meses».

Sindicatos y plataformas culpan en buena medida al Gobierno central de esta parálisis que sufre la ley. «El PP nunca se ha creído la dependencia», afirma Isabel Vicent. De hecho, la norma tendría que estar financiada al 50% entre Gobierno central y autonómico, algo que nunca se ha cumplido. Actualmente, Madrid sólo costea del 12% de la ley en la Comunidad, al margen de haber recortado derechos y prestaciones a los dependientes en plena crisis, con medidas como el copago de medicamentos, lo que le valió una importante contestación en la calle.