Los discapacitados tendrán que pagar por ir a centros ocupacionales y de día

Los dependientes tendrán que abonar, a partir del 1 de enero, parte del coste de los servicios contemplados en la Ley de la Dependencia. Algunas familias han recibido cartas comunicándoles que tendrán que desembolsar más de 700 euros al mes

PINO ALBEROLA 14.12.2013 | 12:15

Un centenar de personas participó ayer en el acto de protesta con motivo del séptimo aniversario de la Ley de la Dependencia RAFA ARJONES

Discapacitados de la provincia que acuden a centros ocupacionales y de día han comenzado a recibir cartas de la Conselleria de Bienestar Social en las que se les informa de que, a partir del 1 de enero, tendrán que pagar parte del coste de estos servicios. Algunas familias se han encontrado, según se resuelve en algunas de estas cartas, con que tendrán que abonar 700 euros mensuales, por 14 pagas, si quieren seguir disfrutando de este recurso contemplado dentro de la Ley de Dependencia.

Usuarios, partidos políticos y trabajadores de centros de día denunciaron ayer este nuevo copago durante la manifestación convocada en Alicante con motivo del séptimo aniversario de la aprobación de esta ley. Una aportación que se suma a la que ya hacen las familias, que normalmente tienen que sufragar el comedor o el transporte escolar para acudir a estos centros.

Es el caso de Maite Hernández. Su hija, con una discapacidad del 80%, es usuaria de un centro ocupacional en Alicante. A los 135 euros que mensualmente pagan por el transporte «se van a sumar a partir de enero otros 96 euros de copago». Los únicos ingresos que entran en casa de esta familia «son 426 euros de una prestación y los casi 500 que cobra mi hija, es un abuso».

El pasado 6 de agosto, el Diario Oficial de la Comunidad Valenciana publicaba el decreto 113/2013 por el que se establece el régimen y las cuantías de los precios públicos a percibir en el ámbito de los servicios sociales. Con este texto, Bienestar Social ha incrementado las aportaciones de los dependientes a algunos servicios, como el de las residencias, y ha establecido un copago para otros, como es el caso de los centros de día. Para trabajadores de estos centros, como Paulino López, la cuantía que las familias deben pagar a partir de ahora «supone en realidad un repago, ya que como la Conselleria de Bienestar Social no financia al cien por cien a las entidades que gestionan estos centros, las familias han tenido que pagar siempre una cuota para el pago del comedor o del transporte».

Usuarios y familias denuncian también que para establecer los copagos se ha tenido en cuenta el coste del servicio y la renta del discapacitado, que incluye también las propiedades del usuario, como inmuebles o rentas. Muchos padres optan por poner a nombre de sus hijos todas sus propiedades con el fin de garantizarles un futuro «pero eso no significa que la persona discapacitada tenga mucho dinero», señalaban ayer usuarios afectados por estos nuevos copagos. La diputada de Esquerra Unida, Esther López, critica además que la conselleria «no ha publicado los costes reales de los servicios en base a los cuales se calculan esos copagos».

Por su parte, el presidente de la Plataforma en Defensa de la Ley de la Dependencia, Miquel Martorell, denunció ayer el estado de agonía que sufre esta norma en la Comunidad Valenciana siete años después de su aprobación. «El año pasado hubo más de mil personas menos recibiendo el servicio de teleasistencia, 638 menos en residencias y 3.675 menos con prestaciones económicas». Además, «la conselleria adeuda a todos los dependientes 14 millones, correspondientes a dos meses y 22 millones en retroactividad».

Martorell denuncia además que en la Comunidad Valenciana hay 21.500 personas con el derecho reconocido a recibir alguna de las prestaciones de la ley, pero que todavía no lo disfrutan. Algunos de estos dependientes están en esta situación de limbo desde que arrancara la ley.