Los perceptores de la renta de garantía de ingresos (RGI) comenzarán a realizar tareas no laborales de interés social el año próximo, en el marco de «una experiencia piloto» que el Servicio Vasco de Empleo (Lanbide) desarrollará en los tres territorios históricos.
Los perceptores de la renta de garantía de ingresos (RGI) comenzarán a realizar tareas no laborales de interés social el año próximo, en el marco de «una experiencia piloto» que el Servicio Vasco de Empleo (Lanbide) desarrollará en los tres territorios históricos. El proyecto, todavía pendiente de perfilar, lo anunció ayer en el Parlamento vasco el consejero de Empleo y Políticas Sociales, Juan María Aburto, al presentar un estudio que los grupos políticos le habían pedido sobre cómo aplicar trabajos en beneficio de la comunidad (TBC) a 62.000 vascos que subsisten con la RGI: parados sin recursos, trabajadores con sueldos bajos y pensionistas que bordean la pobreza.
Las tareas comunitarias, unidas al requisito primordial de estar disponible para el empleo, no aparecían originalmente como obligatorias en la ley de garantía de ingresos, que regula la renta de garantía y aprobada por PNV, PSE, EA y EB en 2008. Fue incluida más tarde en la reforma que pactaron PSE y PP tres años después. El artículo 19 de esa nueva norma prevé imponer TBC, si bien con carácter extraordinario, puesto que lo fundamental para quien cobra la RGI es conseguir un empleo remunerado. Pero sólo exime de realizar tareas sociales a tres grupos: los pensionistas que tengan reconocida una invalidez, los menores de 23 años que estén estudiando (ese grupo sólo cobra la prestación en casos concretos) y, en general, toda persona que Lanbide crea que debe ser exonerada.
El informe de Aburto -elaborado por la ONG Sartu y el Centro de Documentación SIIS- explica que los trabajos comunitarios son preceptivos en otros países a cambio de las ayudas. Es el caso, por ejemplo, de Alemania, Francia, Reino Unido, Suecia y Holanda. Sólo Irlanda las contempla con carácter «voluntario» e incluso las paga con una cantidad añadida a la prestación (Francia también abona alguna cantidad). «Yo no tengo claro si hay que pagar o no», admitió Aburto.
Pero el problema es de definición. Ahora mismo, recordó el consejero, los TBC son el castigo alternativo que los jueces imponen en España a conductores ebrios y a maltratadores. En cambio, en el contexto de las prestaciones sociales tendrían una función integradora, junto a la formación para el empleo y a otros factores de inclusión. La única premisa es que nunca sustituyan un trabajo remunerado, aunque las ONG especializadas en inclusión podrían encauzarlos hacia fines solidarios a través de convenios con Lanbide (las asociaciones del voluntariado han participado en el estudio).
Desempleo elevado
El titular de Empleo llevó su documento a la Cámara vasca con un par de meses de retraso respecto al plazo que le habían dado. Ayer dejó claro que no desea apresurarse en aplicar los TBC cuando las tasas de desempleo son elevadas y Lanbide aún no tramita todos los expedientes en el plazo legal de dos meses. Si a esa meta se le añaden ahora los TBC, las oficinas podrían sufrir «un colapso», advirtió Aburto.
Por ese motivo, antes que implantar tareas comunitarias de forma generalizada, el consejero subrayó que su prioridad es sacar adelante el papeleo de Lanbide y que la orientación laboral funcione. A fin de cuentas, la meta de la renta de garantía es el mercado de trabajo. Además, el desarrollo paralelo de los TBC no le parece una tarea fácil si se quiere preservar la «dignidad» de la persona que recibe ayudas. «No sé muy bien cómo hacerlo», confesó Aburto.
A pesar de ello, enumeró unas actividades «de participación social» que pueden realizar quienes perciben la renta de garantía: ocio y tiempo libre, atención a personas dependientes, energías renovables, tratamiento de residuos, cultura y deportes, agricultura ecológica periurbana (podar maleza); servicio solidario; dinamización turística, rehabilitación de edificios públicos...
No obstante, puso pegas a enviar a perceptores de ayudas para tareas de protección civil -el alcalde de Vitoria, Javier Maroto, propuso reclutarlos en las nevadas, para quitar la nieve en las calles, una tarea que genera críticas de los votantes al Ayuntamiento-. Aburto explicó que los servicios de emergencia requieren personal entrenado y estable, que se movilice con rapidez y que sea «voluntario».
Los grupos de la Cámara discreparon sobre el plan de Aburto para los TBC. La parlamentaria de PP, Laura Garrido, los defendió como una forma de que las personas que sobreviven con la RGI devuelvan a la sociedad el esfuerzo económico que representa. La representante de EH Bildu Belén Arrondo los consideró un «castigo» para los desempleados que no pueden defenderse. Y Txaro Sarasua, del PSE, enfatizó que no deben ocupar el lugar del empleo.
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