La reducción de ayudas lleva a 1.700 dependientes a cambiar los cuidados de familiares por otras prestaciones

P. ÁLVAREZ (SPC) / VALLADOLID - domingo, 25 de agosto de 2013

'

La Gerencia de Servicios Sociales destaca que las variaciones han permitido invertir una tendencia «que ponía en peligro el sistema» para dar más peso a los servios profesionales

Este mes se cumple un año de los profundos cambios introducidos por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades en la concesión de ayudas a la dependencia a raíz de una reforma del Gobierno en la ley para primar más los cuidados profesionales (las aportaciones aumentan un 20%) en detrimento de los familiares, a los que se retiraron un 30% de la prestación. En este tiempo ya se pueden ver los primeros resultados: más ayudas vinculadas a servicios profesionales (teleasistencia, ayuda a domicilio...) y menos dependientes atendidos por sus familiares, pero también baja la atención en residencias y centros de día. En estos últimos casos, más ligado con la crisis que con los cambios en la normativa. 

 

Después de los primeros meses de comunicación de los cambios a los usuarios, los principales efectos se comenzaron a experimentar a partir de enero, según destacan desde la Gerencia de Servicios Sociales. Desde entonces, el sistema regional de dependencia ha perdido 2.175 beneficiarios (casi 5.000 en un año) de los cuales 761 (1.077 de agosto a agosto), con derecho a prestación. 

 

Teniendo en cuenta estas variaciones, se observa cómo en lo que va de 2013 hay casi 1.700 dependientes que ya no reciben ayudas por cuidado de familiares, 160 menos en residencias y 200 menos en centros de día. 

 

Si se descuentan las bajas en el sistema, el trasvase se ha producido hacia los servicios profesionales en el propio hogar con un aumento de prestaciones vinculadas (778 más en lo que va de año) o directamente ayuda a domicilio (358 más), según los datos facilitados por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades.

 

Con estas cifras, se observa cómo, al menos por el momento, los  dependientes prefieren seguir en sus domicilios habituales con otro tipo de ayudas distintas a las de los cuidados de sus familiares en lugar del trasvase predicho por algunos sectores cuando se introdujeron los cambios en las cuantías que primaban el servicio profesional y penalizaban el familiar.

 

«Se ve un descenso progresivo, mes a mes, desde que comenzó el año de los cuidadores familiares y un incremento en los que optan por los cuidados profesionales», apuntó el gerente de servicios sociales, Jesús Fuertes. «Esta apuesta por los servicios profesionales nos coloca a la cabeza de empleos generados en este sector, con algo más de seis puestos de trabajo por cada 1.000 habitantes frente a 3,1 de la media nacional», insistió.

 

Con estas variaciones, se ha reducido en tres puntos el porcentaje de beneficiarios de la Ley de Dependencia que optan por cuidados familiares, del 42 al 39,3%, índice que en España se mantiene en torno al 55%.

 

«La ley dice claramente que los cuidadores familiares son una excepción pero había tomado una deriva que lo habían convertido en la prestación principal y ponía en peligro el propio sistema profesional de servicios sociales. Con los cambios introducidos hemos logrado frenar esa tendencia.

Aunque las diferencias no son exageradas, se ve una evolución constante y se notará mucho más en los próximos meses».

 

Por su  parte, el procurador socialista Jorge Félix Alonso considera que los cambios introducidos hace un año en el sistema de ayudas a la Dependencia han supuesto un «recorte generalizado». Asimismo fue especialmente crítico con la limitación de las ayudas por cuidados familiares. «El sistema debe garantizar la financiación suficiente de los servicios que se prestan, no sólo lo decimos desde el PSOE, también lo ha recordado el Procurador del Común en su informe», insiste Alonso. 

 

«Si dejas a familias con una prestación de 22 euros al mes suena a una tomadura de pelo. He pedido desde hace tiempo el desglose de los importes y la Consejería no lo facilita porque debe ser duro reconocer que puede haber un millar de dependientes que reciben sólo 22 euros al mes», criticó el procurador socialista.