Aurelia Jérez Medina, portavoz de la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia en Castilla-La Mancha en Guadalajara, es una de las dos representantes que están en Bruselas defendiendo los intereses de este colectivo. Uno de los más castigados por la política de recortes del Gobierno de Cospedal -y por los del Ejecutivo de Rajoy-.
Eva Nasarre y Aurelia Jerez representan a la delegación de la Coordinadora estatal y de la plataforma castellano-manchega. Durante estos días están denunciando la vulneración de las normativas de carácter nacional como son la Ley 39 / 26 de Diciembre de 2014 y el R.D. 20 de 13 de julio de 2012, la Orden de intensidades y prestaciones de la Ley de Dependencia de Castilla-La Mancha de julio de 2013, entre otras. También están dando a conocer las sentencias favorables sobre la aplicación incorrecta de la normativa de dependencia por parte del Gobierno de Cospedal, de las denuncias interpuestas ante la Fiscalía por presunta prevaricación y de la queja remitida a la Defensora del Pueblo.
Ambas representantes tiene previsto reunirse con Soledad Cabezón, coordinadora del Grupo de la Alianza Progresista de los Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo en la Comisión de Peticiones; con Iratxe García, presidenta de la Delegación Socialista Española en el Parlamento Europeo; con Marita Ulvskog presidenta de EMPL, y Jutta Steinruck, coordinadora S&D en EMPL, Sergio Gutiérrez y Javi López, miembros de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales del Parlamento Europeo; y con el presidente del Intergrupo de Discapacidad del Parlamento Europeo.
La Comisión Europea aprobó dar curso a la denuncia interpuesta por la Plataforma en Defensa de la Dependencia de Castilla-La Mancha contra el Gobierno de Cospedal por su política de desmantelamiento del sistema de ayudas y prestaciones a las personas dependientes.
Esta misma mañana, el eurodiputado castellano manchego y secretario general de la Delegación Socialista Española en el Parlamento Europeo, Sergio Gutiérrez, ha recibido en el Parlamento Europeo a una delegación de representantes de la plataforma en defensa de la Ley de la Dependencia (LAPAD) en Castilla-La Mancha. Gutiérrez ha felicitado a la plataforma por el trabajo esencial que están llevando a cabo y les ha animado y apoyado a seguir adelante “porque la batalla que están llevando a cabo es una batalla por la dignidad, por la dignidad de una sociedad que quieren seguir reconociéndose en las leyes y en las políticas que se promulgan”, aseguró.
Gutiérrez se ha comprometido a “trabajar con ellos en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo para que Castilla-La Mancha tenga una condena por incumplimiento, por incumplir los derechos mínimos de las personas con discapacidad”.
Por su parte, la presidenta de la Delegación Socialista Española en el Parlamento Europeo, Iratxe García, ha mostrado el apoyo de su grupo a la Plataforma en defensa de la Ley de Dependencia, con la que se ha comprometido a “hacer todo lo posible para que la denuncia que han presentado hoy ante el Parlamento Europeo por la actuación del Gobierno del PP, contraria a los derechos de las personas con discapacidad, sea atendida por la UE”.
“Esperamos que la Unión Europea haga una denuncia clara al Gobierno de PP por su falta de atención a las personas con discapacidad, por vulnerar sus derechos con su insensibilidad y sus brutales recortes”, ha insistido Iratxe García, recordando que España suscribió el pasado año la Convención Internacional de personas con discapacidad y también la estrategia europea en esta materia, “algo que está vulnerando completamente”.
Iratxe García ha lamentado que después de haber solicitado en 54 ocasiones una reunión con la presidenta de Castilla-La Mancha, Dolores de Cospedal, la plataforma en defensa de la Ley de Dependencia “haya tenido que venir a Bruselas a decir lo que no quieren escuchar los dirigentes del PP, ni en España ni en Castilla La Mancha”.
Por último, ambas han denunciado que a día de hoy hay 170.000 dependientes valorados y esperando a entrar en el sistema, recordando que muchas personas reconocidas como dependiente están muriendo antes de recibir la prestación a la que tienen derecho. “Una cifra escandalosa que no debe tolerar la Unión Europea”, ha concluido Iratxe García.
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