domingo, 30 de noviembre de 2014

Una juez considera delito la negativa de un hotel de Almería a alojar a jóvenes con síndrome de Down

IGUALDAD

  • El establecimiento alegó que no admitía a grupos con discapacidad psíquica porque podrían molestar al resto de los clientes
  • El director se disculpó posteriormente y se escudó en un "malentendido"

INFOLIBREActualizada 29/11/2014 a las 13:20  
El hotel de Almería al que el juez investiga por discriminar a discapacitados.
El hotel de Almería al que el juez investiga por discriminar a discapacitados. La juez ha ordenado continuar la causa por trámites de procedimiento abreviado contra el director comercial de la cadena hotelera de Almería que, en mayo de 2013, presuntamente negó el alojamiento a un grupo de jóvenes con síndrome de Down, la directora del establecimiento donde produjeron los hechos y una trabajadora como supuesta "autora directa de los hechos".

El auto del Juzgado de Instrucción número 4 de Almería da traslado a las partes personadas en la causa, en la que la Junta de Andalucía actúa como acusación particular, para que, en el plazo de 10 días formulen escrito de acusación o interesen el sobreseimiento de las actuaciones, según han informado a Europa Press fuentes jurídicas.

Las diligencias penales se incoaron después de que la Asociación Almeriense para Personas con Síndrome de Down (Asalsido) pusiese en conocimiento de la Fiscalía lo sucedido y, tras una investigación, ésta elevase denuncia al considerar que lo relatado podía ser constitutivo de delito por denegar a personas una prestación por razones discriminatorias en el ejercicio de una actividad profesional o empresarial.

A lo largo de la instrucción para dirimir si se incurrió en un delito del artículo 512 del Código Penal, prestaron declaración inicialmente en calidad de imputados la directora del hotel CaboGata Plaza Suites de El Toyo y el director comercial de la cadena hotelera, quien fue citado de nuevo el pasado septiembre junto a una trabajadora.

Correo electrónico

Esta última, a la vista de las diligencias practicadas en la causa y la documentación que obra en el procedimiento, puede ser la "autora directa de los hechos", según el auto. En concreto, se hace referencia al correo electrónico con el que supuestamente se comunicó la negativa a hacer una reserva para jóvenes del colectivo en viaje de fin de curso "alegando que no admitían grupos de personas con discapacidad psíquica".

Según la denuncia que interpuso Asalsido, una trabajadora del centro educativo concertado Down Almería, que depende de esta asociación, solicitó a una agencia de viajes que pidiera presupuesto de alojamiento a tres hoteles cercanos a la ciudad para organizar el viaje de fin de curso.

El hotel investigado contestó que no podía facilitar un presupuesto para alojar a los jóvenes y argumentó que no "admitía grupos de personas con discapacidad psíquica", un extremo que fue rechazado por la dirección del establecimiento que, al hacerse público el caso, pidió "disculpas" y afirmó que se trató de "un malentendido".

Asalsido sostiene por contra que contactó con la dirección del hotel para pedir explicaciones y que ésta "se reafirmó en su postura, añadiendo que este tipo de personas podrían molestar al resto de los clientes del hotel", lo que "ya les había ocurrido en otra ocasión".

Hasta la Defensora del Pueblo

El caso también dio lugar a que la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, abriese de oficio una investigación para conocer las actuaciones realizadas por la Junta de Andalucía y depurar una eventual infracción en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. Para ello, pidió información a la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales a fin de determinar el alcance de las potestades de inspección y sanción desplegadas.

Por su parte, la administración autonómica, a través de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social, mantiene en suspenso hasta resolución del procedimiento por vía penal un expediente sancionador al hotel por un supuesto incumplimiento de la Ley 5/2003 del 2 de diciembre de Igualdad de Oportunidades, no Discriminación y Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad.

A este expediente, se suman otros dos iniciados por la Delegación Territorial de Turismo y Comercio, y por la Dirección General de Consumo para investigar las instalaciones del establecimiento, perteneciente a la cadena ZT Hotels.

«A Anido mi caso le importó tres pepinos, dijo que recogiera tapones»


La madre de un niño discapacitado logra que Sada adapte los parques

9 votos
Genma Sánchez Bardullas posa con su hijo Miguel a la vuelta del colegio. PACO RODRÍGUEZ
Genma Sánchez Bardullas estaba el jueves entre el público cuando el pleno de Sada aprobó por unanimidad una moción para adaptar los parques infantiles a las personas con discapacidad física. La iniciativa ante la corporación fue del BNG, pero la petición era suya. «Lo primero que me vino a la cabeza fue mi hijo. El día de mañana, cuando él no esté, voy a saber que esos columpios están ahí por él», dice con la voz quebrada.
La satisfacción de haber logrado dar un paso más en la integración de niños como Miguel, que tiene una enfermedad neurodegenerativa llamada leucodistrofia metacromática, no consigue, sin embargo, rebajar la indignación que Genma Sánchez siente por el trato que ha recibido en los últimos meses por parte del alcalde, Ernesto Anido, y de su concejal de Urbanismo, Antonio Aguión, que el jueves tuvo que excusarse en el pleno.
«A Anido le pedí que me echara una mano, porque yo tengo dos hijos más. Me dijo que hiciera una recogida de tapones. Y yo le dije que mi hijo no tenía tiempo para recoger tapones. Que esto no era una cuestión de tapones. Un pasota. Le importó tres pepinos», recuerda esta madre. Semanas después, en julio, logró que la recibiera Aguión, y, como el propio concejal reconoció en el pleno, iba muy bien informada y documentada sobre la adaptación de los parques; tanto que hasta llevaba presupuesto. «Le dije que tanto mi hijo como otros niños necesitaban un columpio porque en Sada no hay ningún parque adaptado», explica Genma, quien se fue del Concello con el compromiso de que contactarían con ella. «Ya te llamaré, pero a mí nadie me llamó», dice.
Han tenido que transcurrir casi cinco meses, con la mediación de la oposición de por medio, para que la madre de Miguel vuelva a tener noticias de lo suyo, aunque Aguión explicó en pleno que el Concello estaba trabajando en el caso y que ya habían pedido presupuesto. «El presupuesto ya se lo había dado yo», apostilla Genma Sánchez.
Tras la aprobación de la moción en pleno, en la que el Concello se comprometió a incluir una partida anual para ir adaptando todos los parques, empezando por el de la avenida de la Marina, esta madre espera que nadie del gobierno local vaya a «colgarse la medallita» el día que por fin exista un columpio adaptado y un banco donde su hijo pueda sentarse, y recuerda que el municipio tiene aún un largo camino por recorrer para ser más habitable. «Sada no está preparada, pasan de las personas discapacitadas», concluye.
Sánchez Bardullas recuerda, por ejemplo, que acceder a un parque con una silla de ruedas es muy dificultoso debido a que están totalmente rodeados de césped y que se han suprimido plazas de aparcamiento para discapacitados, unos espacios que, en ocasiones, ni siquiera cumplen la normativa vigente. «Yo voy a seguir luchando. Se lo debemos, tengamos hijos o no, se lo merecen», subraya.

El Gobierno de Aragón reclama 700 euros a la madre de un niño dependiente


Denís tiene ocho años y sufre síndrome del 'Maullido de gato', una enfermedad rara que impide su desarrollo. Hasta 2013, el Gobierno de Aragón le reconocía el máximo grado de dependencia, sin embargo, en una revisión se lo rebajó sin notificárselo y siguió recibiendo las mismas ayudas. Ahora, Asuntos Sociales, reclama a su madre los 700 euros que ha cobrado de más por un error de la Administración.

El Gobierno de Aragón reclama 700 euros a la madre de un niño dependiente

III- Jornadas "Sexualidades, Discapacidades y Diversidades"

Experiencias y Buenas Practicas en la Atencion, Educación y prestación de Apoyos a las personas con discapacidad y/o diversidad funcional. 
Organizadas por Gielmar - Asociación de personas con discapacidad de Guipúzcoa, con la colaboración de la Asociación Estatal Sexualidad y Discapacidad.
Jornada de la mañana fantástica !! Continuamos a la tarde con la presentación del Decálogo de Buenas Practicas.

Cientos de personas se manifiestan contra la corrupción

El lema de la marcha era 'Basta ya de corrupción. Pan, techo, trabajo dignidad'

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Cientos de personas se han manifestado este sábado contra la corrupción bajo el lema 'Basta ya de corrupción. Pan, techo, trabajo dignidad'. La marcha, organizada por la plataforma de la dignidad de Valladolid, comenzó a las 18:30 horas en la Plaza Fuente Dorada, donde también finalizó con la lectura de un manifiesto en el que se hizo especial hincapié en «la corrupción existente» además de «en el deterioro social, la pérdida del derecho a decidir y la vivienda». Tras este, además se procedió a la lectura de una serie de poemas con motivo del Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino.

El niño con Asfixia Perinatal



viernes, 28 de noviembre de 2014

Anulado por segunda vez el copago en discapacidad que el PP modificará

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha vuelto a declarar nulo el decreto de copago en centros de discapacidad de la Generalitat tras admitir el recurso presentado contra el mismo por la Federación valenciana de asociaciones de familiares y personas con enfermedad mental (Feafes). Esta es la segunda vez que el TSJ anula este decreto y en este caso los argumentos utilizados por el tribunal son similares a los de la sentencia del Comité de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi): el copago debe regularse como tasa porque este servicio es "objetivamente indispensable para poder satisfacer las necesidades básicas de la vida personal o social de los particulares".
La nueva sentencia, con fecha de 20 de noviembre de 2014, declara la "íntegra nulidad de pleno derecho" del decreto 113/2013 de 2 de agosto mediante el cual el Consell impuso el copago a los usuarios de centros públicos de apoyo a la discapacidad y el mayor. Además, el TSJCV condena en costas a la Administración a la que da un plazo de 10 días para presentar recurso de casación. Los jueces consideran que el copago "es, en la realidad jurídica, una tasa que afecta a un servicio público esencial e imprescindible como es la asistencia social a ancianos y personas con discapacidad".
Pese a esta segunda anulación, la Consejería de Bienestar Social ha afirmado que esta sentencia "no varía" la actuación del Consell respecto a primera sentencia condenatoria, puesto que tras la publicación de la misma la Generalitat anunció que acataría las exigencias de la misma y regularía el copago tasa, y con rango de ley. Aunque Bienestar Social explica que esta modificación formal entrará en vigor en enero de 2015, la consejería ha recurrido esta sentencia ante el conflicto que podría suponer tener que devolver el montante ya recaudado desde principios de 2014.
Para que esta modificación esté lista el próximo mes de enero, el PP ha presentado en Las Cortes Valencianas una enmienda a la Ley de Acompañamiento de los presupuestos para incluir el copago como tasa mediante un procedimiento que evita, entre otros, tener que debatir la ley en el pleno con los demás grupos parlamentarios.
La Generalitat niega que esta segunda sentencia en su contra suponga anular el copago puesto que "no se pronuncia sobre si deben o no existir esas aportaciones sino sobre la fórmula de regularlas", es decir, que sea tasa y no precio público.
"La nueva tasa incorporará las mejoras anunciadas también por la Consejería en su momento, como el incremento de dinero de bolsillo para las personas mayores y con discapacidad que sean usuarias de residencias financiadas por la Generalitat, entre otras", añaden.
La demandante, Feafes, recuerda que esta es la segunda vez que los jueces consideran que "los servicios sociales de atención a personas con discapacidad son servicios públicos esenciales para la vida de las personas al mismo nivel que otros servicios públicos como la Educación y la Sanidad", y que son "servicios primarios asistenciales, básicos e imprescindibles".