El partido a nivel regional lanza el órdago de que sus ayuntamientos y las cinco diputaciones retirarán estos servicios hasta que la Junta les pague una deuda de cien millones.
ANTONIO FUENTES SEVILLA | ACTUALIZADO 22.11.2013 - 08:52
El PP andaluz dio ayer vía libre a sus alcaldes para que dejen de prestar los servicios relacionados con la ley de dependencia. En una rueda de prensa, las diputadas Rosario Soto y Dolores López Gabarro amenazaron con que los ayuntamientos y diputaciones gobernadas por el PP se plantearán no renovar los convenios con la Junta de Andalucía para la prestación de estos servicios hasta que la Administración autonómica no les pague la deuda contraída, que cifraron en cien millones de euros. "Todo tiene un límite", denunciaron. El PP andaluz universalizó así la decisión del Ayuntamiento de Jaén, gobernado por José Enrique Fernández de Moya, de desvincularse de la prestación de la ayuda a domicilio a unos 500 jiennenses. Desde el 4 de diciembre la Junta tendrá que asumir en su totalidad la prestación de dicho servicio en esta capital. Otros alcaldes, como el de Córdoba, han amagado con retirarse. Otros sólo secundan la estrategia de conflicto contra la Administración autonómica (gobernada por PSOE e IU) y cifran los millones que les adeuda la Junta.
Pero una decisión de este calado, más allá del órdago, afectaría a una gran cantidad de andaluces, los más vulnerables, aquellos que reciben algunos de estos servicios sociales que desde 2007 se integran en la ley de dependencia. Desde las elecciones municipales de 2011, el PP gobierna 265 municipios de Andalucía, lo que supone el 34,3% de las 771 alcaldías. Sus decisiones afectan a 5,4 millones de andaluces, el 64,9% de la población (8,4 millones).
La estrategia del PP andaluz de pasar de lo particular a lo general en dependencia se basa además en un sustento débil, e incluso maquiavélico: la falta de financiación. Desde que gobierna el PP en el Gobierno central los fondos para dependencia se han aminorado en un porcentaje muy notable y esto ha llevado a que las administraciones autonómicas (en cadena) tengan problemas para enviar créditos a las entidades locales.
El Gobierno de Mariano Rajoy suprimió el nivel acordado con las comunidades, que tenía previsto enviar unos 90 millones de euros a la Junta. Y en julio de 2012 redujo un 13% el nivel mínimo (por la que las comunidades reciben mayores ingresos). En total, la Junta cifra en unos 285 millones lo que ha dejado de recibir en dos años y medio. La Junta no se cansa de repetir además que la ley establece un 50-50 en la financiación entre el Gobierno y las comunidades, aunque sólo se ciñe a la etapa de Rajoy y olvida que el presidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero tampoco cumplió ese porcentaje. Ahora el Gobierno destina a Andalucía unos 350 millones al año.
El plante del PP, además, podría estar fuera de orden. El 1 de enero de 2016 la polémica reforma local retirará competencias "impropias" a los ayuntamientos. En sanidad y educación las corporaciones locales se han quejado históricamente de tener que hacer frente a estos costes, pero no así en servicios sociales, que desde hace décadas asumen.
Pero hasta entonces los ayuntamientos tienen esta competencia fijada en la vigente ley de Régimen Local de 1985, que en el artículo 25 establece la competencia de los ayuntamientos a prestar servicios sociales, obligatoria para aquellos que tienen más de 20.000 habitantes. Entre sus cometidos están la información y orientación, la ayuda a domicilio, el alojamiento de transeúntes y la integración social. La ley andaluza de Servicios Sociales de 1988 también otorga la competencia de los centros de servicios sociales a las entidades locales.
Sin embargo la portavoz del PP en Asuntos Sociales, Rosario Soto, validó el amago de plante en la literalidad de la ley de dependencia y la regulación de la misma que hizo la Junta en 2007. Expuso que la ley obliga a prestar colaboración institucional en la elaboración del Plan Individualizado de Atención (PIA) y "a partir de ahí es competencia de la Junta", señaló. Esta ley, sin embargo, también le atribuye el "seguimiento" del PIA a las entidades locales, aunque es cierto que su papel fundamental es ser la "puerta de entrada al sistema" con la gestión de las solicitudes y la valoración por parte de los servicios sociales comunitarios.
Al margen de interpretaciones, las diputadas en ningún momento cifraron el número de andaluces afectados y sólo precisaron que la retirada se tomará en función de la economía de cada ayuntamiento.
La Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales no se pronunció ayer al respecto y hasta el momento no ha cifrado la cantidad que adeuda a los ayuntamientos.
La semana pasada en Jaén la consejera del ramo, María José Sánchez Rubio, señaló que iba a mantener contactos para intentar buscar la "máxima celeridad en los pagos". Preocupa que el conflicto de Jaén se extienda. Y en ello deberá trabajar si no quiere que la gestión exclusiva recaiga en la Junta dos años antes de lo previsto, justo cuando padece una insuficiencia financiera que al final pagarán los únicos no culpables de esta trifulca política: los afectados.
Pero una decisión de este calado, más allá del órdago, afectaría a una gran cantidad de andaluces, los más vulnerables, aquellos que reciben algunos de estos servicios sociales que desde 2007 se integran en la ley de dependencia. Desde las elecciones municipales de 2011, el PP gobierna 265 municipios de Andalucía, lo que supone el 34,3% de las 771 alcaldías. Sus decisiones afectan a 5,4 millones de andaluces, el 64,9% de la población (8,4 millones).
La estrategia del PP andaluz de pasar de lo particular a lo general en dependencia se basa además en un sustento débil, e incluso maquiavélico: la falta de financiación. Desde que gobierna el PP en el Gobierno central los fondos para dependencia se han aminorado en un porcentaje muy notable y esto ha llevado a que las administraciones autonómicas (en cadena) tengan problemas para enviar créditos a las entidades locales.
El Gobierno de Mariano Rajoy suprimió el nivel acordado con las comunidades, que tenía previsto enviar unos 90 millones de euros a la Junta. Y en julio de 2012 redujo un 13% el nivel mínimo (por la que las comunidades reciben mayores ingresos). En total, la Junta cifra en unos 285 millones lo que ha dejado de recibir en dos años y medio. La Junta no se cansa de repetir además que la ley establece un 50-50 en la financiación entre el Gobierno y las comunidades, aunque sólo se ciñe a la etapa de Rajoy y olvida que el presidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero tampoco cumplió ese porcentaje. Ahora el Gobierno destina a Andalucía unos 350 millones al año.
El plante del PP, además, podría estar fuera de orden. El 1 de enero de 2016 la polémica reforma local retirará competencias "impropias" a los ayuntamientos. En sanidad y educación las corporaciones locales se han quejado históricamente de tener que hacer frente a estos costes, pero no así en servicios sociales, que desde hace décadas asumen.
Pero hasta entonces los ayuntamientos tienen esta competencia fijada en la vigente ley de Régimen Local de 1985, que en el artículo 25 establece la competencia de los ayuntamientos a prestar servicios sociales, obligatoria para aquellos que tienen más de 20.000 habitantes. Entre sus cometidos están la información y orientación, la ayuda a domicilio, el alojamiento de transeúntes y la integración social. La ley andaluza de Servicios Sociales de 1988 también otorga la competencia de los centros de servicios sociales a las entidades locales.
Sin embargo la portavoz del PP en Asuntos Sociales, Rosario Soto, validó el amago de plante en la literalidad de la ley de dependencia y la regulación de la misma que hizo la Junta en 2007. Expuso que la ley obliga a prestar colaboración institucional en la elaboración del Plan Individualizado de Atención (PIA) y "a partir de ahí es competencia de la Junta", señaló. Esta ley, sin embargo, también le atribuye el "seguimiento" del PIA a las entidades locales, aunque es cierto que su papel fundamental es ser la "puerta de entrada al sistema" con la gestión de las solicitudes y la valoración por parte de los servicios sociales comunitarios.
Al margen de interpretaciones, las diputadas en ningún momento cifraron el número de andaluces afectados y sólo precisaron que la retirada se tomará en función de la economía de cada ayuntamiento.
La Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales no se pronunció ayer al respecto y hasta el momento no ha cifrado la cantidad que adeuda a los ayuntamientos.
La semana pasada en Jaén la consejera del ramo, María José Sánchez Rubio, señaló que iba a mantener contactos para intentar buscar la "máxima celeridad en los pagos". Preocupa que el conflicto de Jaén se extienda. Y en ello deberá trabajar si no quiere que la gestión exclusiva recaiga en la Junta dos años antes de lo previsto, justo cuando padece una insuficiencia financiera que al final pagarán los únicos no culpables de esta trifulca política: los afectados.
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