Las comunidades no cobrarán dinero para dependientes sin justificar

MANUEL TRILLO / MADRID

Día 02/07/2013 - 13.25h

El Imserso exigirá datos certificados de las prestaciones para evitar nuevos casos de beneficiarios fallecidos

ROBER SOLSONA

Una concentración por la ley de Dependencia el pasado año

El Imserso quiere poner fin al descontrol en el sistema de atención a la dependencia. Después del demoledor informe del Tribunal de Cuentas, que alertaba de que se estaba pagando a las comunidades autónomas por miles de supuestos beneficiarios que ya habían fallecido, entre otras anomalías, el organismo dependiente del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad va a aprobar una serie de medidas para tratar de acabar con las deficiencias en la información proporcionada al sistema y asegurar que el dinero se destina al fin previsto.

Con estos objetivos, el Imserso ha redactado una orden, que se someterá el próximo jueves a discusión con las comunidades en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia y que se prevé a aprobar a la vuelta del verano, que recoge una serie de medidas que garanticen no sólo que el beneficiario está vivo, sino la fiabilidad de toda la información que se maneja en el sistema.

Entre estas medidas figura la exigencia cada mes de una serie de datos exhaustivos, tanto del solicitante de la prestación (la persona dependiente) como de la situación de dependencia de que se trate, la prestación reconocida, el cuidador en caso de prestaciones para la atención por un familiar, y la capacidad económica y la aportación del beneficiario.

Según explicaron fuentes del Imserso, estos datos serán imprescindibles para que se liquide a las comunidades autónomas el dinero que reciben del Estado para Dependencia, a mes vencido, correspondiente al llamado «nivel mínimo». Si no se cumplen con la información requerida, el Imserso dejará de abonar la cantidad correspondiente al beneficiario en cuestión de manera «preventiva».

Entre las medidas previstas, también se exigirá que los datos aportados desde las comunidades autónomas vayan acompañados de unacertificación por parte del titular del órgano competente en materia de dependencia, con rango al menos de director general, que de esta manera se responsabilizará de la información facilitada. Además, según explican desde el Imserso, el sistema cruzará los datos aportados por las comunidades con la información de que dispongan otras fuentes oficiales, como el Instituto Nacional de Estadística, el Cuerpo Nacional de Policía y la Seguridad Social, para garantizar la identidad real de los beneficiarios.

Para la adopción de estas medidas, el Imserso está trabajando en la implantación de un sistema informático común que deberán emplear todas las comunidades para hacer llegar su información, ya que en la actualidad hay diversidad de sistemas que dificultan la homogeneidad en los datos. En la actualidad, según las fuentes consultadas, hay en torno a 2.000 personas que entran en las distintas comunidades en el sistema, sin que exista un control efectivo sobre quién lo hace. En el borrador de la orden se exige «certificados digitales u otros modos de autenticación electrónica que garanticen la seguridad del acceso y la identificación unívoca el usuario del Sistema de Información».

Cuentas pendientes

Entre tanto, prosigue el proceso para ajustar cuentas con las comunidades de los casos pendientes de supuestos beneficiarios fallecidos o duplicados. El Tribunal de Cuentas llegó a alertar de la existencia de más de 41.000 personas fallecidas a 30 de abril de 2011 y por las que el Imserso estaba pagando indebidamente a las comunidades autónomas. Tras depurar los datos entre las distintas partes, quedaban aún más de 13.000 casos injustificados (unos 12.000 de fallecidos y unos 1.300 de duplicidades), que suponen más de 40 millones de euros pagados de más por el Imserso. Este organismo va a recuperarlos a partir de la liquidación del mes de mayo, descontando durante siete meses una séptima parte de la cantidad pendiente, hasta completar el total.

El Imserso ha elaborado una evaluación del sistema en el año 2012, en el que ya se aprecia el efecto de las medidas aprobadas el pasado año para reducir la proporción de prestaciones económicas para cuidadores familiares frente a servicios como atención residencial o ayuda a domicilio. Frente a un aumento de los servicios en un 5%, lasprestaciones para cuidado familiar crecieron menos del 1%. Sin embargo, según las mismas fuentes, si se toman los datos entre agosto y mayo se ha reducido en 30.000 el número de cuidadores familiares.