Las entidades de discapacidad siguen acusando de “desidia” al Cabildo y el Gobierno de Canarias. | DA
JOSÉ LUIS CÁMARA | Santa Cruz de Tenerife
“No estamos hablando de mercancía ni de animales, sino de personas”. Así de taxativos se muestran los representantes de la Plataforma Tenerife Discapacidad, que ayer denunciaron “una vez más”, las “mentiras” y los “reiterados incumplimientos” por parte de la Administración canaria”, que según ellos está provocando un “irreparable daño” a las entidades que atienden a personas con discapacidad en el Archipiélago.
En este sentido, uno de los portavoces del colectivo, Raúl Cordero, aseguró ayer a este periódico que, si no se remedia con urgencia el problema de los impagos, muchas entidades se verán “abocadas al cierre”, provocando la “desatención de las más de 2.000 personas con discapacidad que están actualmente en los centros, “que se verían obligadas a permanecer en sus casas o algo peor”. Y es que, según recalcó Cordero, en lo que va de año ni los cabildos ni el Gobierno de Canarias han ingresado ninguna cantidad de las correspondientes al presente ejercicio, a pesar de que algunas corporaciones insulares ya han firmado el convenio anual en materia de discapacidad.
Los desencuentros entre la Plataforma Tenerife Discapacidad y las administraciones no son nuevos, aunque en los últimos años las relaciones se han tensado y amenazan con estallar en cualquier momento. “Estamos casi en el mes de mayo, y ni existe convenio con el Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IASS), ni han pagado un solo euro de la financiación de las plazas conveniadas”, denotó Raúl Cordero, quien aseguró que a algunas asociaciones de la provincia incluso les adeudan cantidades del año pasado. “La mayoría de las entidades no pueden pagar los sueldos a sus trabajadores y han tenido que incumplir con las obligaciones tributarias del presente ejercicio”, dijo Cordero, quien teme que la Administración se esté planteando “privatizar” la gestión del sector.
El pasado mes de enero, el DIARIO publicó que la falta de información del Gobierno canario sobre cómo afectarán los recortes en 2013 y la drástica reducción de las partidas destinadas a dependencia a nivel nacional ha dejado a muchas asociaciones al borde del abismo. No en vano, desde el año 2004 no se ha revisado el coste público por plaza en los centros, lo que supone una reducción cercana a un 15% solo en lo que se refiere al IPC anual. “Cuando se puso en marcha el Plan de Atención a la Discapacidad (PAD), este contaba con 154 millones de euros solo para discapacidad; para este año, la dotación económica en Canarias para atender toda la dependencia (discapacidad y mayores) es de 117,4 millones, lo que supone un recorte de casi 37 millones de euros”, explicó el portavoz de la plataforma.
Por este motivo, el colectivo ha solicitado formalmente al Tribunal de Cuentas que inste a la Fiscalía a iniciar una investigación para ver “dónde ha ido a parar el dinero”, y la próxima semana llevará a cabo una asamblea para decidir qué medidas de presión lleva a cabo para reclamar lo que consideran “justo”.
