domingo, 3 de enero de 2016

Un pequeño héroe en busca de ayuda

  • Medina se vuelca en la recaudación de fondos para un niño que padece síndrome de HunterEl pequeño Ángel García con su padre, Javier, en un parque de Medina del Campo.

  • No lleva capa, antifaz ni espada, pero a sus cinco años, Ángel García Pérez es un pequeño héroe. A los pocos años de vida, este hombrecito simpático, valiente y algo inquieto conoció que padecía el síndrome de Hunter, una enfermedad de las denominadas raras de las que tan solo hay 45 casos diagnosticados en toda España (tres de ellos en Valladolid). Desde ese momento, Ángel y su familia, han tenido que superar día a día las dificultades de esta afección conocida también como alzhéimer infantil. «Nunca antes habíamos escuchado hablar de la enfermedad y cuando nos dieron el diagnóstico definitivo se nos hundió el mundo a los pies», recuerdan sus padres, Javier García y Alma Pérez, quienes desde ese momento no han cesado en esfuerzos para que su pequeño tenga mayor calidad de vida.

Tal es así que además de implicar y dar a conocer este síndrome entre sus familiares, los padres de Ángel decidieron dar un paso más allá y, desde hace un tiempo, realizan multitud de actividades culturales para recaudar fondos que ayuden a seguir avanzando en la investigación de esta enfermedad. «En Barcelona y en Estados Unidos están desarrollando un fármaco que por el momento se ha probado en animales y que necesita financiación para pasar al modelo humano y después poder ser comercializado una vez superado todo el estudio previo», comenta García, quien no pierde la esperanza de que este proyecto vea la luz en pocos años para ayudar a niños como Ángel.
Un blog diario
Para aportar su granito de arena a la gran montaña que la investigación necesita, los padres de Ángel recaudan fondos a través de calendarios, cenas, torneos, desfiles, ‘outles’ y cualquier iniciativa benéfica que se les ocurre. Una serie de actuaciones que le están dando grandes resultados entre la población de la Villa de las Ferias, que está mostrando su cara más solidaria en la ayuda a este pequeño vecino. «Estamos muy agradecidos a la colaboración de los medinenses, quienes siempre que pueden se vuelcan con Ángel», comenta este joven matrimonio que, día a día, cuenta su experiencia en un blog (elblogdeangel.com/blog) con el que pretenden describir en primera persona su experiencia con la Mucopolisacaridosis de tipo II, como se denomina. A parte del diario de bitácoras del pequeño héroe medinense, sus padres también están dando los primeros pasos para crear una asociación relacionada con la enfermedad; ya que «el papel de las asociaciones es muy importante, «puesto que los padres que se encuentran en nuestra misma situación pueden acudir para informase, recibir apoyo, intercambiar impresiones y lo que es más importante conocer los tratamientos experimentales que se están desarrollando».
Tratamientos
Además de sus terapias semanales (fisioterapia, apoyo en el centro público en el estudia y sesiones con la logopeda), Ángel, como todo héroe que se precie, necesita ponerse en forma para poder hacer frente a sus misiones y una vez cada ocho días recibe un tratamiento en el hospital Clínico de Valladolid que consiste en remplazar la enzima que tiene defectuosa. A pesar de que, en un principio, sus padres tuvieron algunos problemas para que el pequeño pudiera recibir su tratamiento –«tardaron cuatro meses hasta que nos lo aprobaron ya que su coste semanal es de 10.000 euros y supone un desembolso anual de cerca de 500.000 euros que es una cantidad muy elevada»–, finalmente y a pesar de los recortes por la crisis económica, Sacyl no dejó en la estacada al pequeño y cada semana recorren los más de 50 kilómetros que separan Medina del Campo de la capital del Pisuerga para que el pequeño Ángel reponga sus poderes.
«Nosotros estamos muy agradecidos a la Seguridad Social ya que Ángel puede tener el tratamiento, en este sentido no tenemos queja ninguna la verdad», explican los padres, quienes a través de su doctora en el Hospital Niño Jesús de Madrid conocieron la existencia de un estudio experimental que una farmacéutica norteamericana está desarrollando en colaboración con la Universidad de Carolina del Norte.
«Llevamos cinco meses recibiendo este tratamiento que es un fármaco inyectado en el líquido encefaloraquídeo a través de un nuevo dispositivo que le han implantado», explican sus padres, quienes aseguran sentirse muy ilusionados con esta ventana que se les ha abierto. No obstante, aseguran, «es complicado formar parte de tratamientos experimentales de este tipo ya que tienes que cumplir una serie de requisitos para poder recibirlo». Este estudio está formado por un total de 45 niños de todo el mundo, de los que cuatro son españoles.

LECCIÓN DE VIDA.



La historia de la joven de Nigeria que vive en una palangana.
Tiene 19 años y se llama Rahama Haruna

Rahana explica que su vida no ha sido fácil, que no puede hacer mucho por su cuenta. Que creció hasta comprender que es diferente de otros y aceptó su situación de buena fe.

"He aprendido a crecer sin amigos en la vida. Mi familia son los únicos amigos que tengo. Me llevó mucho tiempo comprender que no todas las personas son iguales. No me importa. Me considero afortunada de estar viva". Porque un hermano mayor que pasó por lo mismo ya no lo puede contar.

Su hermano de 14 años ha estado cargando la palangana verde sobre su cabeza para recorrer los 25 kilómetros que separan su hogar en Warawa y el centro de Kano donde su hermana pide limosna mientras los transeúntes apartan la mirada de esa escena desgarradora. "Los médicos nos dijeron que no era una cosa que la medicina pudiera curar", dice Fahad y ya está; tuvieron que resignarse a esta vida sin cuerpo.

sábado, 2 de enero de 2016

Les digo igual a los reyes magos.


Sin dependencia no hay legislatura

Publicado en 2 de enero de 2016

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García-Page, el pasado 28 de julio, recibió en el Consejo de Gobierno a la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia en Castilla-La Mancha. A la izq., su presidente, José Luis Gómez-Ocaña (izq.). A la dcha., Aurelia Jerez, portavoz en Guadalajara. // Foto: JCCM
Por Raquel Gamo
El caso de Alba sólo se da uno entre cada 20.000 o 25.000 nacidos de su enfermedad, el síndrome de Angelman. Sufre retraso psicomotor y mental, y su familia, que se gasta más de 500 euros mensuales en terapias, empezó cobrando el grado máximo de ayudas (520 euros) hasta que en la legislatura anterior la asignación se redujo hasta 350 euros. Las administraciones también recortaron la cotización por cuidador, en este caso, la madre de Alba, que desde ese momento tuvo que asumir el pago de 167 euros mensuales.
A Alberto, que acude a un colegio de educación especial en Guadalajara, le diagnosticaron a los siete meses Síndrome de West, una enfermedad catalogada como rara -en España sólo se conocen cuatro casos- que se traduce en ataques epilépticos difíciles de controlar, talla pequeña e imposibilidad de habla, entre otros síntomas. En aplicación de la Ley de Dependencia fue valorado como “Gran Dependiente”, lo que le garantizaba una prestación por cuidados en el entorno familiar de 520 euros, más la cotización de Aurelia Jerez, madre de Alberto, a la Seguridad Social. Tras los hachazos de los Gobiernos estatal y autonómico desde 2011, la prestación se contrajo hasta los 387 euros. Aurelia, además, ha perdido el derecho a una pensión de jubilación.
Estos testimonios formaron parte de la exposición fotográfica y el documental Luchando por la Dignidad, obra de los fotógrafos Nacho Izquierdo y Nando Rivero, y del realizador Lukasz Filar, y que ha recorrido varias localidades de la provincia.
Recuperar las prestaciones y los derechos cercenados a estos dependientes, y a todos los que se encuentran en una situación análoga, debe ser un objetivo central de esta legislatura en Castilla-La Mancha. Al menos, si el PSOE y Podemos no quieren dar al traste con el acuerdo que posibilitó el cambio de Gobierno regional en mayo pasado.
Del PP no hablamos porque es difícil asimilar la inquina con la que el Gobierno de Cospedal actuó contra el colectivo de la dependencia. Desde 2011 hasta el año que acabamos de despedir, el gasto en esta materia cayó en 4.000 millones de euros. Pero, sobre todo, se eliminó la dependencia de la agenda de prioridades. No se trata, por tanto, de dividir entre buenos y malos, sino entre quienes han horadado la dependencia como pilar del Estado del Bienestar y quienes aspiran a rescatarla del ostracismo legislativo y la indigencia presupuestaria en que la sumieron los populares en los cuatro años delcospedalato.
Y ahora le toca cumplir a Page y, por extensión, a Podemos, para lo cual será necesario recuperar el terreno perdido. Según el Observatorio de la Dependencia, Castilla-La Mancha fue, durante la etapa de Gobierno de Barreda, la segunda comunidad autónoma que mejor aplicó la Ley de Dependencia que en 2006 sacó adelante Zapatero, sólo superada por Castilla y León. El XV dictamen de este Observatorio, hecho público en agosto pasado, suspendió a Castilla-La Mancha con 4,6 puntos y consignó una “muy preocupante pérdida paulatina” de personas con derecho reconocido a la atención.
Regresar a la senda del pasado es, por tanto, una premisa ineludible. Y para ello hacen falta voluntad política y movilización de recursos económicos. Lo primero parece que ya se ha cumplido. Lo segundo está a la espera de su concreción en los Presupuestos de la región para 2016.
Una de las primeras medidas que adoptó el nuevo Ejecutivo castellano-manchego fue retirar el recurso que el anterior Gobierno había interpuesto ante el Supremo contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, que declaraba nula la normativa de 2013 por la que se regulaba el sistema de dependencia. Es decir, Page eliminó la tramoya administrativa con la que Cospedal había enmarañado la liquidación de los servicios de dependencia.
A partir de ahí llegaron los gestos en forma de reuniones con colectivos como el Cermi -lo que hizo reaccionar con furia al colectivo dependiente- o la Plataforma de la Dependencia en Castilla-La Mancha. En Guadalajara, sin ir más lejos, la primera reunión oficial que mantuvo el delegado de la Junta, Alberto Rojo, fue con Aurelia Jerez, la portavoz provincial de la Plataforma en defensa de la Ley de la Dependencia.
Falta pasar de los gestos a los hechos, fundamentalmente, con la creación de un marco regulatorio que recoja el impulso a las políticas relacionadas con la atención a los discapacitados. Esta medida debería ir acompañada de la habilitación de un organismo encargado de hacer un seguimiento a la dependencia.
El programa electoral con el que el PSOE concurrió a las últimas elecciones regionales recogía la intención de volver a la casilla de salida de la legislatura anterior. El programa de Pedro Sánchez el pasado 20-D hablaba de “recuperar los principios” de la ley de dependencia, entre ellos, desarrollar la figura del asistente personal o potenciar la red de centros y servicios. En Castilla-La Mancha, sin dar cifras, Page se comprometió en junio a tramitar los expedientes acumulados de dependencia “en el plazo de un año”.
La consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, ya ha advertido de que “revisar el modelo de servicios sociales” será una de las principales tareas durante los próximos cuatro años. Y ahí la dependencia, obviamente, está llamada a ocupar un papel central.
Imagen de una protesta de la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia // Foto: eldiario.es
Imagen de una protesta de la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia // Foto: eldiario.es
José Luis Gómez-Ocaña, presidente de la Plataforma regional de la Ley de Dependencia -único colectivo que recurrió en los tribunales el dañino decretazo de Cospedal-, se muestra esperanzado con la nueva etapa de diálogo que se ha abierto con la Administración para sacar adelante un nuevo decreto. En todo caso, exige avanzar en el desarrollo de la Ley “reconociendo el trabajo de la plataforma con el aumento del número de personas que reciban prestaciones”.
También considera ineludible el compromiso electoral que asumieron PSOE, IU y Podemos en las recientes elecciones regionales de “derogar el anterior decreto de reconocimiento de la situación de dependencia”. Esto supone diseñar de facto un nuevo modelo que fije los requisitos de acceso al sistema público de dependencia y los criterios para evaluar el grado de cada paciente. En las palabras de Gómez-Ocaña noté una mezcla de razonable optimismo y de crítica expectación, a la espera de pasar de la poesía de las promesas a la prosa de los hechos.
Una de las alegaciones de la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia ha sido eliminar el carácter excepcional de las prestaciones económicas a cuidadores familiares de dependientes. La Junta está dispuesta a admitir esta reivindicación, pero siempre que sean situaciones excepcionales. “Lo que no puede ser es que la dependencia sea exclusivamente una prestación económica para las familias de los dependientes, porque la persona dependiente no solamente está al cuidado de la familia, sino que hay que ofrecerle toda una variedad de prestaciones”, aseguró Sánchez en una entrevista coneldiario.es. Pero la Junta debe valorar, y aceptar, que estas situaciones son algo más que excepcionales, y la propia consejera lo reconoce cuando subraya que este tipo de casos se da en menores con alguna discapacidad que están al cuidado de sus padres o en las personas dependientes que residen en zonas rurales.
El pasado 29 de diciembre, el Gobierno de García-Page aprobó el anteproyecto de ley de Presupuestos para 2016. Las cuentas contemplan una inversión superior a 500 millones de euros en dependencia, empleo y vivienda, pero por razones que se me escapan la Junta no ha matizado la partida específica para la materia que nos ocupa. Seguimos a la espera –tras pedirlo varias veces a los servicios de prensa-, de un dato que la Consejería de Hacienda sigue sin facilitar. Sí sabemos que Castilla-La Mancha fue, junto a Cataluña, las dos comunidades que más metieron la tijera en el gasto social (dependencia incluida) entre 2009 y 2015: un 26%, doce puntos más que la reducción media nacional.
Queda mucha tarea por delante en materia de dependencia. Quedan 24.000 expedientes aún sin tramitar en la región. Es una cifra que disminuye cada mes, pero no basta. Y se trata de una prioridad que no admite dilación. Se me ocurren pocas cosas más importantes que ofrecer una cobertura pública y acorde con sus necesidades al colectivo más débil y frágil de nuestra sociedad.

El futuro para las personas con movilidad reducida.


No te olvides de sonreir


Un vacío legal deja a las personas con movilidad reducida sin acceso garantizado al tren


El litigio entre un maquinista y un usuario provoca que algunos operarios de Renfe dejen de colocar la rampa que posibilita subir al ferrocarril a las personas en silla de ruedas

Una joven cántabra inicia una recogida de firmas para defender su derecho a "desplazarse libremente"
La Ley de Igualdad de Oportunidades vincula la exigencia de adaptar las estaciones al volumen de pasajeros y no lo hace obligatorio hasta el año 2020
Rampa portátil para acceder al AVE más viejo, "el pato"
Los trenes de largo recorrido cuentan con rampas automáticas pero no así los de cercanías. M.A. NELO
En el andén de la pequeña localidad cántabra de Mar (Polanco), Katia Barrio espera cada mañana la llegada del tren de cercanías para desplazarse hasta Santander. Allí acude, desde hace años, a un centro de día de la Asociación Amica en el que, entre otras cosas, desarrolla su autonomía personal, se relaciona con otros compañeros y practica la boccia, un deporte paralímpico similar a la petanca.    
Esta vez ha tenido suerte y ha podido subir al tren, pero desde hace unas semanas no siempre es así. Pedro, su padre, apunta que "en los últimos siete días, Katia se ha quedado en tierra en dos ocasiones". El ferrocarril se ha detenido pero nadie ha salido a colocar la rampa portátil que ella, al igual que todas las personas con movilidad reducida, necesita para poder acceder al interior.
En la actualidad, la gran mayoría de estaciones de Cantabria no están adaptadas. Hasta ahora han sido los maquinistas los que han suplido esa falta de accesibilidad. Cuando en el apeadero ven a un usuario con movilidad reducida, salen de la cabina y colocan una pequeña rampa que llevan incorporadas todas las unidades y que permite a estas personas subir al tren.
Sin embargo, hace aproximadamente un año, surgió un "roce" entre un usuario y uno de los empleados de Renfe. El maquinista dejó de cooperar y el caso ha acabado en el Juzgado, quien, en primera instancia, ha dado la razón al operario. Ni la ley ni el convenio de los trabajadores les obliga a llevar a cabo esta tarea, que queda en manos de la voluntariedad de cada uno.
El padre de Katia cree que "la sentencia ha envalentonado a esta persona" que, según su versión, está animando a sus compañeros a que dejen de ayudar, de forma que "se ha enrarecido el ambiente". "A él se han unido otros amiguetes y el problema se agrava porque Katia no sabe cuándo la van a dejar tirada, haga frío o calor", explica.
Y es que "hay unos pocos que amenazan con que el resto van a dejar de hacerlo a partir de enero". "No sé si será una bravuconada de estos tres 'garbanzos' negros o realmente van a contagiar a más", sostiene Pedro, que alaba que "la mayor parte de los maquinistas son gente humana y no les importa nada poner la 'rampita'". 
La familia no ha recibido ninguna confirmación oficial y la información que les ha llegado ha sido a través de algunos de los propios trabajadores que se lo han comentado personalmente a la joven. "Lo de la rampa era una 'chapucilla' que hizo Renfe hace años y hasta ahora ha estado funcionando muy bien. El problema ha venido cuando un 'garbanzo' negro ha decidido dejar de ayudar e impide que lo hagan otros", resume Pedro. 
En declaraciones a eldiario.es Cantabria, el presidente del comité de empresa, Manuel Cortines, reconoce que han celebrado varias reuniones para tratar el problema y coincide en que "el litigio ha encabronado la situación". Admite que hay trabajadores que han manifestado que no van a colaborar, aunque subraya que es un grupo muy reducido. "Todos no, pero la inmensa mayoría va a seguir poniendo la rampa", afirma.
Cortines entiende que las personas con movilidad reducida no quieren tener la "incertidumbre" de si van a poder subir al tren o no y, por ello, señala que desde el comité de empresa han reclamado que se ponga personal específico para asistir a quienes lo necesiten. "Renfe no está obligado; el maquinista no está obligado y, al final, el perjudicado siempre es el usuario", apostilla.  

Hasta 2020

A este factor humano, se suma, por otro lado, el vacío legal, ya que la Ley Nacional de Igualdad de Oportunidades -aprobada en 2003 y refundida diez años más tarde- no obliga a hacer accesibles las estaciones "hasta el año 2020", según apunta Mar Arruti, presidenta de la Federación de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe) en Cantabria.
Además, la norma tiene "letra pequeña" al vincular esta exigencia a un número mínimo de pasajeros, añade Pedro.
La joven cántabra Katia Barrio.
La joven cántabra Katia Barrio.

Recogida de firmas

Katia no se ha quedado de brazos cruzados y, arropada por su familia, ha iniciado una recogida de firmas en interne t  para exigir a las administraciones una solución. 'Déjenme subir al tren como los demás', es el encabezado con el que arranca la carta en la que cuenta su caso. 
Tal y como ella misma relata, en los recorridos de larga distancia, el Grupo Renfe -en el que se ha integrado Feve- ha puesto una rampa mecánica que sale sola, pero en los trenes de cercanías, como el que pasa por su pueblo, no. "Quiero seguir asistiendo al centro de día y seguir siendo independiente. No quiero perder el derecho a desplazarme", expresa.
La misiva está dirigida a los ministerios de Fomento y de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, así como a Renfe y a Adif, y en ella apela a la igualdad de oportunidades recogida en la Constitución española y en la convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad.     

Renfe "se lava las manos"

Una persona del gabinete de comunicación de Adif ha señalado que aunque son los propietarios de las infraestructuras ferroviarias, la explotación está cedida al Grupo Renfe y, por tanto, derivan a este ente la responsabilidad de garantizar el acceso al transporte público a las personas dependientes. Este diario ha intentado ponerse en contacto con Renfe para recabar su postura pero, a pesar de las reiteradas llamadas, no ha sido posible contactar con ningún responsable.  
El padre de Katia explica que cuando se inició el problema hablaron con la empresa pero afirma que "de momento se lavan las manos". "Saben que la ley les respalda", comenta.
En esta misma línea se manifiesta la presidenta de Cocemfe Cantabria, quien lamenta que la ley "no esté de nuestro lado" y anuncia que llegarán "hasta donde sea necesario" para que estas personas no se queden en tierra. Por el momento, su organización ha presentado un escrito en la Oficina de Peticiones del Parlamento cántabro y baraja la posibilidad de hacer lo mismo con el Defensor del Pueblo. Al mismo tiempo, han iniciado los contactos con el comité de empresa para intentar arreglar esto "de buena manera".

12 centímetros

Para Pedro, solucionar el caso de su hija es una cuestión de "voluntad". "Es salvar 12 centímetros. Ponen de pretexto que hay una curva... Lo arreglaba yo una noche con un carretillo y dos ladrillos. ¡Si es que son 12 centímetros!", recalca al otro lado del teléfono. 
El padre de Katia insta "a ponerse en la piel de las personas con discapacidad". "Lo que les cuesta levantarse todos los días e iniciar la rutina como para encima encontrarse con estas historias", sostiene. "No entiendo que pasen estas cosas en pleno siglo XXI. Es algo muy triste. El teleférico de Fuente Dé es accesible y un tren de cercanías no", subraya.
Pedro también cuenta que la indignación e impotencia que sufre al ver a su hija quedarse tirada, le llevó hace meses a acudir a la estación con una docena de huevos y que tiró uno al tren que conducía el mencionado maquinista. Explica que ello le costó "unas críticas muy negativas" y que, por este motivo, le han pedido que delegue en la "diplomacia" de las asociaciones de discapacitados.